Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo categórico al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que actualmente entra en discusión en la Asamblea Nacional. Esta propuesta legislativa no responde a la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que establece las bases para un sistema opaco, autoritario y profundamente lesivo a los derechos humanos, es una propuesta de ley que ha sido desarrollada entre el silencio mediático y las sombras.
En un contexto donde la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción requieren respuestas integrales, coordinadas y democráticas, este proyecto no ofrece soluciones reales. Por el contrario, institucionaliza la impunidad, concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.
Denunciamos que el proyecto
- Viola el derecho a la privacidad y al debido proceso: al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía.
- Otorga impunidad a los agentes de inteligencia: exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan abusos en el marco de sus funciones, generando un sistema paralelo fuera del Estado de derecho.
- Impone una entrega obligatoria de información sin garantías: obliga a instituciones, empresas y personas a entregar datos bajo amenaza legal, sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición.
- Legaliza el uso de gastos reservados sin fiscalización: se establece el uso de recursos públicos bajo la figura de «gastos reservados», sin controles independientes ni auditorías externas, reproduciendo las mismas condiciones que permitieron escándalos de corrupción y espionaje político en el pasado (como con la extinta SENAIN).
- Permite el uso político del sistema de inteligencia: con un ente rector nombrado directamente por el Presidente y sin mecanismos de supervisión autónoma, el sistema puede ser fácilmente instrumentalizado para perseguir a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos.
- Debilita la transparencia y la democracia: la clasificación arbitraria de información como “secreta” limita el acceso ciudadano y periodístico, erosionando la rendición de cuentas y alimentando la opacidad institucional.
- Incumple estándares internacionales de derechos humanos: desconoce el fallo Cajar vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige proteger los datos personales en sistemas de inteligencia y garantizar derechos como la cancelación, corrección y actualización, reconociendo la autonomía informativa.
Este proyecto no combate la inseguridad: la profundiza
Implementar un aparato de inteligencia sin garantías de control, transparencia ni respeto a los derechos fundamentales, no combate la violencia ni el crimen organizado. Lo único que asegura es más poder para el Presidente y el aparato estatal, menos vigilancia ciudadana, y más herramientas para el abuso.
La historia reciente de Ecuador demuestra que la concentración de poder y la opacidad en los sistemas de inteligencia no mejoran la seguridad, sino que alimentan el espionaje ilegal, la persecución política y la corrupción.
Exigimos
- El archivo inmediato del Proyecto de Ley.
- La apertura de un debate público y participativo, con organizaciones de derechos humanos, periodistas, expertos en seguridad y sociedad civil.
- La construcción de una política de inteligencia basada en controles democráticos, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
- El establecimiento de mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas, incluyendo la eliminación de gastos reservados sin auditoría externa.
- Un pronunciamiento urgente de la Superintendencia de Protección de Datos Personales respecto al contenido de este proyecto de Ley que pretende un acceso desmedido y sin consentimiento a datos personales.
No hay seguridad sin democracia. No hay democracia sin control ciudadano.
No a la impunidad.
Firmamos
